La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina se encuentra en un punto crítico. Tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno definirá por decreto el nuevo monto que regirá a partir de diciembre. Este valor es fundamental, ya que no solo marca el piso salarial para los trabajadores en relación de dependencia, sino que también impacta en jubilaciones, programas sociales y otras prestaciones.
¿Qué se espera para el Salario Mínimo en Diciembre?
Actualmente, el SMVM se ubica en $322.200. Sin embargo, las negociaciones entre la CGT, las CTA y las cámaras empresariales no llegaron a buen puerto. La CGT había propuesto un aumento escalonado que llevaría el salario mínimo a $512.000 en noviembre y a $553.000 en abril de 2026. A pesar de estos esfuerzos, la falta de consenso obligó al Gobierno a tomar las riendas y definir el incremento por decreto.
El Reclamo de las Organizaciones Sociales
Diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales se han movilizado frente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, exigiendo que ningún salario esté por debajo de la canasta familiar. Gabriela De La Rosa, referente del Polo Obrero en La Matanza, señaló la importancia de luchar por el aumento salarial y criticó la degradación del Ministerio de Trabajo a una simple Secretaría.
- Reclamo por trabajo genuino.
- Aumento de los programas sociales.
- Paro general contra el plan de ajuste del Gobierno.
Impacto del Salario Mínimo
Es crucial recordar que el SMVM influye directamente en la calidad de vida de millones de argentinos. Un salario mínimo insuficiente puede llevar a situaciones de vulnerabilidad y dificultar el acceso a bienes y servicios básicos. Por lo tanto, la decisión que tome el Gobierno en relación con el aumento del SMVM será determinante para el futuro económico de muchos trabajadores y sus familias.
¿Qué sigue?
La expectativa está puesta en el anuncio oficial del Gobierno sobre el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se espera que la medida intente mitigar el impacto de la inflación y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque las negociaciones fallidas y la imposición por decreto generan incertidumbre sobre la efectividad de la medida.
Mientras tanto, las organizaciones sociales y sindicales continuarán movilizándose para exigir salarios dignos y políticas que favorezcan el empleo y el bienestar de la población.