Salario Mínimo Vital y Móvil: ¿Qué esperar en Octubre 2025?
Para octubre de 2025, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se mantiene en $322.200, un valor crucial que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores y en diversas prestaciones sociales. Este monto, que no ha sufrido modificaciones desde agosto, sirve como base para determinar el ingreso mínimo que debe percibir un empleado por su trabajo en la economía formal argentina.
Impacto en las Prestaciones de ANSES
El SMVM es un factor clave en el cálculo de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con el aumento del 1,9% confirmado para octubre de 2025, algunas de las prestaciones se actualizan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $396.304,88 (incluye un bono de $70.000).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 (incluye el bono).
- Pensiones No Contributivas: $298.381,85 (incluye el bono).
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 (pago directo de $93.801,60 tras la retención del 20%). Para hijos con discapacidad, el monto llega a $381.791 (pago directo de $305.432,80).
- Asignación Familiar por Hijo: Desde $58.572,85. La Asignación por Hijo con Discapacidad alcanza los $190.714,27.
¿Cómo se determina el SMVM?
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por representantes del gobierno, los empresarios y los sindicatos, es el organismo encargado de fijar periódicamente el SMVM. Este consejo evalúa diversos factores, como la inflación y la situación del mercado laboral, para determinar los ajustes necesarios.
Valor por hora y jornada completa
Para aquellos que cumplen una jornada completa de 48 horas semanales, el SMVM se mantiene en $322.200. Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora se establece en $1.610. El importe para empleos de tiempo parcial se calcula de manera proporcional.
El SMVM no solo impacta en los salarios mínimos, sino que también sirve como referencia para la determinación de las condiciones mínimas de contratación en diversas actividades y convenios colectivos del sector privado. Su correcta aplicación es fundamental para garantizar un ingreso digno a los trabajadores y proteger su poder adquisitivo.