Justicia frena el ajuste en el INTI: ¿Qué significa para la industria?
Colaboradores
La justicia argentina ha puesto un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha sido aceptada, impidiendo al gobierno realizar cambios estructurales en el organismo por un período de seis meses.
¿Qué implica esta medida cautelar?
La decisión judicial prohíbe al gobierno realizar reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras dentro del INTI. Esto significa que, al menos por los próximos seis meses, el INTI deberá mantener su estructura y personal actuales.
Esta medida surge en respuesta a un decreto anterior que buscaba reconfigurar varios organismos del Estado, incluyendo al INTI, transformándolo en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. El decreto también estipulaba que los ingresos del INTI pasarían a formar parte de los recursos del Tesoro Nacional.
Argumentos del Gobierno y la respuesta judicial
El gobierno justificó la reestructuración argumentando que el INTI posee una estructura sobredimensionada, con áreas administrativas superpuestas y escasa articulación entre funciones estratégicas y las necesidades reales del sector industrial. Sin embargo, la jueza Martina Isabel Forns consideró que se justifica una medida cautelar para evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Implicaciones para el sector industrial
El INTI juega un papel crucial en el desarrollo tecnológico e industrial del país. Su labor abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la asistencia técnica y la certificación de calidad. La medida cautelar garantiza la continuidad de estas funciones, al menos temporalmente.
Sin embargo, la situación plantea interrogantes sobre el futuro del INTI a largo plazo. La Sociedad Rural Argentina ha expresado su interés en un INTI que funcione al servicio de los agronegocios, lo que podría implicar una reorientación de sus prioridades y una posible pérdida de autonomía.
El debate continúa
La decisión judicial ha generado un intenso debate sobre el rol del Estado en la ciencia y la tecnología, así como sobre la necesidad de equilibrar la eficiencia administrativa con la promoción del desarrollo industrial. La comunidad científica y tecnológica, los trabajadores del INTI y diversos sectores de la sociedad civil se mantienen en alerta ante los posibles cambios que puedan afectar al organismo.
La lucha por el futuro del INTI continúa, y la medida cautelar representa una victoria parcial para quienes defienden su rol como motor del desarrollo industrial y tecnológico del país.
