Privatización de AySA: El Gobierno Busca Capital Privado para el Servicio de Agua
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El Gobierno nacional ha anunciado el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y servicios de cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la noticia, detallando que se buscará incorporar capital privado a través de la transferencia del 90% de las acciones de la empresa. El 10% restante corresponderá a los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.
¿Cómo Será el Proceso de Privatización?
El esquema de privatización será mixto, combinando una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. La Comisión Nacional de Valores regulará el proceso.
Justificación del Gobierno
El Gobierno argumenta que la privatización permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Según Adorni, desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes estatales por 13.400 millones de dólares. Además, señaló un deterioro en la infraestructura, un aumento del 90% en la dotación de personal durante la gestión estatal y un incremento en la morosidad de los usuarios.
Críticas a la Gestión Anterior
Adorni también criticó la gestión anterior, afirmando que se gastaron más de 4.800 millones de dólares en la última gestión, con una parte significativa destinada a obras en municipios específicos. El vocero presidencial insinuó que la empresa se utilizó como plataforma de campaña política.
AySA: Un Servicio Esencial
AySA es una de las operadoras más grandes de América Latina en su rubro. Su funcionamiento abarca desde la captación del agua cruda del Río de la Plata, la potabilización, la distribución por red y la posterior recolección y tratamiento de efluentes cloacales. La empresa administra más de 27.000 kilómetros de redes de agua potable y desagües cloacales, tres plantas potabilizadoras y 14 plantas depuradoras.
La privatización de AySA genera debate sobre el rol del Estado y la eficiencia de los servicios públicos. El agua potable es un derecho fundamental, y su acceso es esencial para la salud pública, el ambiente y el desarrollo urbano.