Causa Vialidad: Francos pide evitar "show" y CFK espera domiciliaria
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La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció sobre la situación legal de la ex presidenta tras la ratificación de su condena por la Corte Suprema. Francos expresó su deseo de que no se "monte un show" durante el procedimiento de detención, haciendo hincapié en el respeto hacia la figura de la ex mandataria. "Espero que no se monte un show de ningún lado... ella tiene sus seguidores, y espero que no crucen límites", declaró Francos.
Francos defendió la independencia judicial en el caso, afirmando que "esto ha sido la acción libre de la justicia independiente. No hay ningún gobierno que haya tenido que ver en esto". Sin embargo, esta visión contrasta con las persistentes acusaciones de lawfare y falta de imparcialidad judicial, vinculando a jueces con actores opositores.
Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner espera una definición sobre su pedido de prisión domiciliaria. El juez Jorge Gorini solicitó un informe socioambiental antes de tomar una decisión, y también pidió la opinión del fiscal Diego Luciani. La defensa de la ex presidenta argumenta que la prisión domiciliaria es una medida adecuada para garantizar el cumplimiento de la pena, respetando su dignidad y condiciones humanas.
La defensa de CFK se basa en la edad de la ex mandataria, que al superar los 70 años le permite solicitar la domiciliaria. La presentación de los abogados Alberto Beraldi y Ari Llernovoy enfatiza que esta medida no implica un privilegio ni impunidad.
Es importante recordar que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. Se señalan la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores), acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática), violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas, y exposición mediática parcial y anticipada del caso.