La Justicia penal ordinaria de Argentina está investigando a Verónica Asad, conocida en redes sociales como "Pitty, la numeróloga", por presuntas prácticas de defraudación y apropiación de bienes y recursos económicos por parte de sus clientes. El caso, denunciado por Pablo Salum, fundador de Red LibreMentes y activista en contra de las prácticas coercitivas, involucra acusaciones sobre manipulaciones psicológicas y estrategias para despojar a personas en situación de vulnerabilidad.
El caso se originó cuando Salum presentó una denuncia formal ante la Justicia, señalando que Asad, quien ha sido reconocida por su presencia en medios y plataformas digitales, podría estar utilizando técnicas de manipulación para obtener beneficios económicos a través de transacciones falsas o fraudulentas. Según las acusaciones, Asad habría despojado de sus bienes a clientes que se identifican como víctimas de estrategias manipulativas.
Esta investigación responde a preocupaciones crecientes sobre la regulación de prácticas en el ámbito de las numerologías y otras actividades que pueden ser consideradas como pseudociencias. La denuncia busca establecer si Asad ha estado involucrada en prácticas que podrían constituir un delito de fraude y apropiación indebida.
El caso ha generado interés en la comunidad académica y en organizaciones que promueven la transparencia en prácticas culturales y espirituales. La investigación también tiene implicaciones para el ámbito público, ya que el caso podría servir como ejemplo de cómo las prácticas no reguladas en sectores específicos pueden afectar a individuos en situación de vulnerabilidad.
El abogado de Asad, quien ha expresado que la denuncia es una acción malintencionada, ha señalado que la investigación está en una etapa inicial y que el equipo legal está preparándose para presentar argumentos que refuercen la legitimidad de sus prácticas.
En el contexto actual, la regulación de actividades en el ámbito de las ciencias sociales y espirituales es un tema de debate en el país. Este caso podría ser un punto de partida para reflexionar sobre la necesidad de un marco legal más sólido para proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.