ANSES Demanda a Boudou por Jubilación de Privilegio: ¿Deberá Devolver Millones?
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, ha iniciado acciones legales contra Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, para recuperar una suma millonaria percibida en concepto de asignación mensual vitalicia. La demanda asciende a $236.066.031,25, más la actualización correspondiente.
¿Por qué se le reclama este dinero a Boudou?
Según el comunicado emitido por el Ministerio, el reclamo se basa en que Boudou fue declarado penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Esta condena, relacionada con el caso Ciccone, llevó a la revocación de la asignación mensual vitalicia que percibía como ex vicepresidente.
La causa Ciccone investigó la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone, posteriormente estatizada. Boudou fue condenado en 2018 y la sentencia quedó firme en 2020 por la Corte Suprema, inhabilitándolo de por vida para ejercer cargos públicos.
¿Qué implica esta demanda para Boudou?
La Justicia Civil y Comercial Federal ha sido la encargada de ordenar el traslado de la demanda a Boudou. Paralelamente, la Justicia Federal ya rechazó una medida cautelar solicitada por el ex vicepresidente, quien buscaba la suspensión de las resoluciones de ANSES que le retiraron la asignación mensual vitalicia.
Boudou argumentó que comenzó a percibir el beneficio en agosto de 2020, sin pagos retroactivos desde 2015, y que la suspensión se debió a una supuesta emergencia sanitaria.
Repercusiones y Contexto Político
Este caso se suma a una serie de controversias legales que involucran a figuras políticas de alto rango. La decisión de ANSES de retirar y ahora reclamar la devolución de la jubilación de privilegio a Boudou ha generado un intenso debate público sobre la legitimidad de estos beneficios y la responsabilidad de los funcionarios condenados por corrupción.
La demanda contra Boudou se produce en un contexto de revisión y ajuste de gastos por parte del gobierno actual, que busca eliminar privilegios y optimizar el uso de los recursos públicos. Se espera que este caso siente un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública.