ANSES Demanda a Boudou por Jubilación de Privilegio: ¿Deberá Devolver Millones?
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), impulsada por el Ministerio de Capital Humano, ha iniciado acciones legales contra Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es recuperar más de 236 millones de pesos que, según la ANSES, fueron percibidos indebidamente por Boudou en concepto de jubilación de privilegio.
La demanda, presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal, busca que Boudou devuelva los haberes correspondientes a la asignación mensual vitalicia que recibía por haber ejercido el cargo de vicepresidente. Esta asignación fue revocada luego de que Boudou fuera condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone.
El Caso Ciccone y la Jubilación de Privilegio
Amado Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por su participación en la compra irregular de la empresa Ciccone Calcográfica, que luego fue estatizada. La Corte Suprema confirmó la condena en 2020, lo que lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. En noviembre pasado, la ANSES le retiró el beneficio de la jubilación de privilegio.
El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado explicando que la demanda busca recuperar los fondos que Boudou cobró mientras estaba condenado por corrupción, argumentando que no tenía derecho a percibir esa asignación.
Intento Fallido de Recuperar la Jubilación
Previamente, Boudou había intentado, sin éxito, que la Justicia suspendiera las resoluciones de la ANSES que le retiraron la jubilación. Argumentó que había solicitado el beneficio en 2015, pero solo comenzó a percibirlo en 2020, sin recibir pagos retroactivos por los años anteriores. Alegó que la suspensión del pago se debió a una supuesta emergencia sanitaria.
La demanda de la ANSES se suma a la controversia en torno a las jubilaciones de privilegio y el acceso a beneficios por parte de ex funcionarios condenados por corrupción. El caso plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en el otorgamiento de estos beneficios y genera debate público sobre la necesidad de revisar y reformar el sistema previsional.