El Gobierno Nacional ha dado un paso significativo hacia la desregulación del sector transporte al eliminar los aranceles que cobraba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Esta medida, oficializada a través de la Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía, busca reducir costos burocráticos, simplificar trámites y avanzar hacia un sistema más eficiente y abierto para el transporte de pasajeros y cargas.
¿Qué aranceles fueron eliminados?
La resolución deja sin efecto varias resoluciones anteriores que establecían categorías y montos por inscripciones, habilitaciones y gestiones administrativas percibidas por la CNRT. Entre ellas se encuentran:
- Resolución 1104/1992 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
- Resolución 433/1992 de la Secretaría de Transporte.
- Resolución 175/1995 de la Secretaría de Transporte.
- Resolución 2/2001 de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda.
Además, se derogan artículos centrales de la Resolución 433/2022, que establecían el pago de aranceles para el Permiso Originario del transporte internacional de cargas por carretera, regulado bajo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).
¿Por qué se tomó esta decisión?
Según fuentes gubernamentales, esta nueva disposición se alinea con la política de desregulación actual, con el objetivo de reducir la carga burocrática que pesa sobre el sector transporte. Se espera que la eliminación de estos aranceles genere un ahorro significativo para las empresas y transportistas, facilitando su operación y promoviendo una mayor competitividad.
¿Qué sigue?
La medida consolida la unificación de registros y procedimientos iniciada con las Resoluciones 57/2024 y 2/2025 de la Secretaría de Transporte, que crearon el Registro Nacional Unico del Transporte Automotor (Ruta). Se espera que la simplificación de trámites y la reducción de costos impulsen el crecimiento y la modernización del sector transporte en Argentina.
Esta iniciativa del gobierno, que se suma a otras medidas de desregulación, busca mejorar la eficiencia y la competitividad del sector transporte, facilitando la operación de las empresas y reduciendo la carga burocrática que enfrentan a diario.