La actualización del nomenclador de discapacidad para 2025, anunciada por la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), ha generado una ola de críticas y protestas. Organizaciones del sector denuncian que el incremento, que oscila entre el 29% y el 35%, es notoriamente insuficiente y no cumple con la ley de Emergencia votada por el Congreso Nacional.
La ley de Emergencia establecía un aumento mínimo del 70% para los prestadores de servicios a personas con discapacidad, un piso que el anuncio de la ANDIS no alcanza ni siquiera en la mitad. Esta situación, según las organizaciones, agrava la ya precaria situación económica de los prestadores y pone en riesgo la calidad de la atención que reciben las personas con discapacidad.
"Es repugnante", declaró la actriz Vanina Bassi, referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, reflejando el sentir generalizado del colectivo. La falta de actualización oportuna de los aranceles, sumado al incumplimiento de la ley, deja a los prestadores en una situación desesperante, con un Estado que, según denuncian, se retira sin ofrecer soluciones.
La semana pasada, las organizaciones se movilizaron frente a Casa Rosada para expresar su descontento y exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones. El anuncio de la ANDIS, lejos de calmar los ánimos, ha encendido aún más la llama de la protesta.
¿Qué implica este ajuste insuficiente?
La falta de un aumento adecuado en el nomenclador de discapacidad tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Los prestadores, al no contar con los recursos necesarios, se ven obligados a reducir personal, disminuir la calidad de los servicios o incluso cerrar sus puertas. Esto impacta negativamente en la atención que reciben las personas con discapacidad, quienes dependen de estos servicios para su desarrollo y bienestar.
Posible Corrupción en la ANDIS
En medio de esta crisis, resurgen acusaciones de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según las denuncias, Karina Milei estaría implicada en este esquema, recibiendo comisiones a través de una droguería. Si bien no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con Spagnuolo.
- Esta grave denuncia agrava aún más la desconfianza en la gestión de la ANDIS y alimenta las sospechas sobre el destino de los fondos destinados a la atención de las personas con discapacidad.
La situación exige una investigación exhaustiva y una respuesta urgente por parte del Gobierno para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.