El Gobierno Nacional anunció un aumento en el nomenclador de discapacidad que se implementará en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre de 2025. Esta medida, formalizada a través de una decisión administrativa del Jefe de Gabinete, busca fortalecer el sistema de atención y garantizar que las prestaciones superen la inflación proyectada para el año próximo.
Según el comunicado oficial, este incremento beneficiará a profesionales y prestadores de servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación. También se espera que impacte positivamente en los usuarios, manteniendo la calidad y continuidad de los servicios que reciben.
Sin embargo, voces dentro del sector de la discapacidad han expresado su preocupación, calificando los aumentos ofrecidos como “irrisorios” y exigiendo la aplicación de la Ley de Emergencia. Argumentan que los incrementos propuestos no son suficientes para cubrir las necesidades reales y los costos crecientes asociados a la prestación de servicios.
Reclamos del Sector y la Ley de Emergencia
La demanda por la aplicación de la Ley de Emergencia en el sector de la discapacidad refleja la urgencia de la situación. Los prestadores y profesionales señalan que la falta de actualización adecuada de los aranceles pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios y la calidad de la atención brindada a las personas con discapacidad.
¿Qué implica la Ley de Emergencia?
- Asignación de recursos adicionales al sector.
- Actualización automática de los aranceles por inflación.
- Medidas para garantizar la continuidad de los servicios.
La discusión sobre el aumento del nomenclador de discapacidad y la necesidad de aplicar la Ley de Emergencia continúan generando debate y tensión entre el gobierno y los representantes del sector. La situación requiere un análisis profundo y soluciones que aseguren una atención digna y de calidad para las personas con discapacidad en Argentina.