La Justicia Federal rechazó el habeas corpus presentado por la defensa de Lázaro Báez, lo que implica su regreso al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El empresario, condenado a 15 años de prisión en las causas "Ruta del Dinero K" y "Vialidad", había solicitado la medida argumentando un deterioro en su estado de salud y la falta de atención médica adecuada en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal de Río Gallegos, donde se encontraba.
La defensa de Báez había insistido en la necesidad de que se le garantizara atención médica especializada, alegando que el Hospital Regional de Río Gallegos no contaba con el equipamiento necesario para realizar los estudios pertinentes. Además, buscaban que se restituyera el régimen de prisión domiciliaria que había gozado hasta junio de 2025.
Durante la audiencia realizada en el Juzgado Federal de Río Gallegos, el juez Claudio Vázquez escuchó los argumentos de la defensa, representados por los abogados Yanina y Lucas Nicoletti, así como del propio Lázaro Báez y su médico personal, Mario Kamelman. Tras analizar la situación, el juez rechazó el habeas corpus y determinó que el traslado a Ezeiza era la mejor opción para asegurar la atención médica del empresario.
Según trascendió, Báez podrá realizarse los estudios médicos necesarios en una clínica privada, posiblemente Medisur. Cabe recordar que el empresario ya había estado detenido en el penal de Ezeiza entre abril de 2016 y diciembre de 2019.
¿Por qué la defensa insiste en la prisión domiciliaria?
La defensa de Lázaro Báez ha argumentado un "agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención", describiendo su alojamiento actual como un espacio reducido y sin condiciones de habitabilidad mínimas. Alegan falta de baño, ventilación adecuada, higiene y alimentación apropiada. La insistencia en la prisión domiciliaria busca, según sus abogados, proteger la salud y la integridad física de Báez.
Causa Vialidad: Críticas al proceso judicial
Es importante recordar que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas. Juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos han advertido sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Se han señalado aspectos como la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, la ausencia de pruebas directas y la exposición mediática parcial del caso.
- Falta de imparcialidad judicial.
- Acusaciones de lawfare.
- Ausencia de pruebas directas.
- Exposición mediática parcial.