Tensión en la ANDIS: Manifestantes Exigen Cumplimiento de la Ley de Emergencia
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue escenario de tensión este viernes, cuando manifestantes, incluyendo familias y prestadores del sector, ingresaron a la fuerza a la sede del organismo en Belgrano, Buenos Aires. La protesta surge ante la falta de respuestas y la negativa a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente revalidada por el Congreso Nacional tras haber sido vetada por el presidente Javier Milei.
La movilización, que comenzó pacíficamente frente al edificio, escaló cuando los manifestantes, visiblemente frustrados, decidieron ingresar al recinto. Exigen el cumplimiento inmediato de la Ley 27.793, un aumento en los aranceles para compensar la crítica situación económica, y el pago sin demoras de las compensaciones atrasadas. Los manifestantes denuncian un abandono total por parte de las autoridades.
¿Qué reclaman los manifestantes?
- Cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).
- Aumento de los aranceles para prestadores.
- Pago inmediato de las compensaciones atrasadas.
La situación se agravó cuando el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, se negó a recibir a los manifestantes. Esto provocó la indignación de los presentes, quienes sobrepasaron las vallas de seguridad e ingresaron cantando a la sede central, ubicada en la calle Dragones 2200.
Este incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por el manejo de fondos destinados a la discapacidad. Recientemente, audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, revelaron un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos, donde se menciona una supuesta comisión del 3% para Karina Milei a través de la droguería Suizo Argentina. Si bien no hay imputaciones formales, la cercanía de Karina Milei y Javier Milei con Spagnuolo ha generado controversia y sospechas sobre su influencia en la gestión de la ANDIS.
La protesta en la ANDIS refleja la creciente frustración y desesperación de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios, quienes ven amenazada su calidad de vida debido a la falta de implementación de la Ley de Emergencia y a las denuncias de corrupción que rodean a la agencia.