El Partido Popular (PP) ha minimizado la admisión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, de haber mentido sobre el caso de la pareja de Ayuso. Según fuentes del PP, "mentir no es ilegal", aludiendo a que Rodríguez no mintió bajo juramento ante el juez.
El Origen de la Polémica
La controversia se centra en las declaraciones de Rodríguez, quien admitió haber inventado que el fiscal del caso retiró un pacto ofrecido a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por "órdenes de arriba". Esta afirmación, destinada a respaldar una teoría de chantaje político contra la presidenta, se basó en una interpretación tergiversada de un correo electrónico.
Reacción del PP
Inicialmente, la dirección nacional del PP evitó valorar las declaraciones de Rodríguez, argumentando no haber visto la grabación. Sin embargo, ante la evidencia, optaron por defender que mentir en la esfera pública no constituye un delito, a diferencia del falso testimonio ante un juez. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, evitó valorar el contenido de la declaración en el Supremo de Miguel Ángel Rodríguez. Aseguró que el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará "en el banquillo" y Rodríguez "es solo un testigo".
Implicaciones Legales
Aunque mentir en sí mismo no sea ilegal, la difusión de información falsa con el objetivo de influir en la opinión pública plantea interrogantes sobre la ética política y la responsabilidad de los funcionarios públicos. El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Fiscal en la Mira
Mientras tanto, el PP insiste en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será quien se siente en el banquillo de los acusados, sugiriendo que Rodríguez es solo un testigo en la causa. Las fuentes del PP han insistido después en que si hubiera indicio de delito, el juez habría actuado contra Miguel Ángel Rodríguez y no lo ha hecho.
Conclusión
La admisión de Rodríguez y la respuesta del PP han reavivado la polémica en torno al caso de la pareja de Ayuso. Aunque las consecuencias legales para Rodríguez parecen limitadas, el debate sobre la ética y la veracidad en la política continúa abierto. El caso pone de manifiesto la importancia de verificar la información y contrastar las fuentes antes de emitir juicios o conclusiones.