El Gobierno endurece el control sobre los retiros voluntarios en el sector público
El Gobierno nacional ha implementado un nuevo sistema de control para los planes de retiro voluntario y otras formas de desvinculación laboral en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales. A partir de ahora, estos planes requerirán la aprobación previa de dos subsecretarías, pertenecientes a los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado.
Esta medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 50/2025, busca optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la eficiencia en la gestión del personal estatal. La resolución establece que las subsecretarías de Presupuesto y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público serán las encargadas de evaluar y aprobar los planes, asegurando que se ajusten a los criterios y parámetros definidos por el Gobierno.
¿Quiénes son los funcionarios clave?
Dos nombres, quizás desconocidos para el público general, adquieren un rol central en este proceso: Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto, y María Rosana Reggi, subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Serán ellos quienes tendrán la última palabra sobre la viabilidad de los planes de retiro voluntario.
El objetivo: Reducir el gasto y simplificar el Estado
La medida se enmarca dentro de la política de desregulación económica y reforma del Estado impulsada por el Poder Ejecutivo. El objetivo principal es lograr la simplificación y reducción del Estado, optimizando la asignación de recursos y mejorando la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Según fuentes oficiales, esta decisión responde a la necesidad de evaluar el impacto presupuestario de los programas de retiro voluntario, tanto en términos de costos presentes como de ahorros futuros. Además, se busca asegurar la coherencia con las políticas de empleo público.
¿Qué implica este nuevo control?
- Mayor supervisión en la implementación de planes de retiro voluntario.
- Asegurar la coherencia con las políticas de ajuste y reforma del Estado.
- Optimizar el uso de los recursos públicos.
- Evaluar el impacto presupuestario de los programas de retiro.
En un contexto económico desafiante, el Gobierno busca optimizar el funcionamiento del Estado y garantizar la sostenibilidad fiscal. Esta medida es un paso más en esa dirección.