En un fallo que ha generado controversia y renovado el dolor, el juicio por jurados en Río Cuarto, Córdoba, concluyó con la absolución de José Fernando Andrada y Analía Elizabeth Morales, los ex funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) acusados de impedir que Pablo Musse se despidiera de su hija Solange durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en 2020.
La decisión unánime del jurado desestimó las acusaciones de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, dejando sin efecto la solicitud del fiscal Julio Rivero, quien había pedido una condena de un año y medio de prisión en suspenso para ambos.
Un Fallo Incompleto: ¿Dónde Están los Responsables de las Directrices?
Si bien el fiscal había solicitado una pena, la familia Musse y diversos sectores de la sociedad consideran que el juicio ha sido incompleto. Argumentan que Andrada y Morales actuaron siguiendo protocolos y directrices superiores, y que la verdadera justicia exige investigar y juzgar a quienes diseñaron e implementaron las políticas sanitarias que impidieron el reencuentro entre Pablo y Solange.
Pablo Musse, visiblemente afectado tras el veredicto, expresó su desilusión con el sistema judicial y agradeció el apoyo recibido. Su caso se convirtió en un símbolo del sufrimiento y la falta de humanidad que caracterizaron algunos momentos de la pandemia.
El Doloroso Contexto: Aislamiento y Despedida Negada
En agosto de 2020, a Pablo Musse se le impidió ingresar a Córdoba a través del control sanitario de Huinca Renancó, a pesar de contar con un permiso de circulación y ofrecerse a cumplir con el aislamiento obligatorio. Días después, Solange falleció a los 35 años en Alta Gracia, sin poder darle el último adiós a su padre.
Este caso puso de manifiesto la rigidez y la falta de sensibilidad de las medidas implementadas durante la pandemia, generando un intenso debate sobre los límites del poder estatal y el respeto a los derechos fundamentales.
¿Quiénes Deben Responder?
La pregunta que resuena tras la absolución de los funcionarios es quién debe asumir la responsabilidad por las decisiones que causaron tanto dolor a la familia Musse. ¿Se trató de errores involuntarios en la aplicación de los protocolos, o de una política deliberada de control y restricción que priorizó la salud pública por encima de la humanidad?
La respuesta a esta pregunta sigue pendiente, y la búsqueda de justicia para Solange Musse continúa.