Una jueza federal en Arizona ha bloqueado temporalmente los esfuerzos del gobierno estadounidense para deportar a niños guatemaltecos y hondureños que se encuentran bajo su cuidado. La decisión se produce ante el temor expresado por los menores de regresar a sus países de origen.
Temor y Protección Legal
La jueza de distrito Rosemary Márquez en Tucson extendió una decisión tomada durante el fin de semana del Día del Trabajo, impidiendo la repatriación de estos niños. Los abogados de los menores argumentan que sus clientes temen regresar a sus hogares y que el gobierno no está cumpliendo con las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes.
Un grupo de asistencia legal presentó una demanda en Arizona en nombre de 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños, con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Casi todos los niños estaban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos y vivían en refugios en las áreas de Phoenix y Tucson. Demandas similares han sido presentadas en Illinois y Washington, D.C., buscando impedir que el gobierno remueva a los niños.
Exigencias de la Demanda
La demanda presentada en Arizona exige que el gobierno permita a los niños ejercer su derecho a presentar sus casos ante un juez de inmigración, tener acceso a asesoría legal y ser colocados en el entorno menos restrictivo que sea en su mejor interés. Los demandantes argumentan que el proceso actual no garantiza estos derechos básicos.
Argumentos del Gobierno Estadounidense
La administración estadounidense argumentó que actuó en el mejor interés de los niños al intentar reunirlos con sus familias a petición del gobierno guatemalteco. Según el gobierno, funcionarios guatemaltecos recorrieron las instalaciones de detención en Estados Unidos y expresaron su preocupación, aceptando posteriormente recibir a los menores.
Implicaciones de la Decisión
La decisión de la jueza Márquez representa un respiro para estos niños migrantes y sus defensores, quienes temen por su seguridad si son devueltos a sus países de origen. El caso pone de relieve la compleja situación de los menores no acompañados que buscan refugio en Estados Unidos y la necesidad de garantizar su protección legal y bienestar.