El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, desatando una ola de críticas y controversia. La medida, formalizada este miércoles y remitida al Congreso, pone en jaque el presupuesto de las universidades públicas, hospitales universitarios y proyectos de investigación. La oposición ya analiza cómo revertir el veto en una sesión especial la próxima semana.
¿Por qué Milei vetó la ley de financiamiento universitario?
El gobierno argumenta que la ley representaba un costo fiscal demasiado alto y ponía en riesgo el superávit fiscal, uno de los pilares de su plan económico. La ley establecía la actualización automática de los gastos de funcionamiento por inflación, la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente, y el aumento de las becas.
Sin embargo, la oposición denuncia que el veto es un ataque directo a la educación pública y un intento de asfixiar financieramente a las universidades. La iniciativa había sido aprobada en Diputados con una amplia mayoría, aunque no alcanzaba los dos tercios necesarios para superar un veto presidencial.
¿Qué sigue ahora?
El Congreso se prepara para una sesión especial donde se debatirá si se insiste con el proyecto original. Para ello, la oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. La situación es tensa, y el futuro del financiamiento universitario está en juego.
Además del veto a la ley de financiamiento universitario, el gobierno también se prepara para vetar la ley de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) a las provincias. Estas medidas han generado aún más controversia y críticas por parte de la oposición y los gobernadores.
En medio de esta tormenta política, también se ha levantado una polémica en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos, donde se menciona a Karina Milei recibiendo comisiones. Aunque no hay imputación formal, la cercanía de Karina y Javier Milei con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, genera suspicacias. Las acusaciones señalan un posible desvío de fondos destinados a personas con discapacidad.
La situación es compleja y plantea interrogantes sobre el futuro de la educación pública y la transparencia en la gestión de los recursos estatales.